El relator de la ONU para los derechos humanos en Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, subrayó hoy que, pese a los esfuerzos adoptados en el plano diplomático, el régimen sigue pisoteando sistemáticamente los derechos básicos de sus ciudadanos. 

Ojea repasó hoy en Seúl su visita de una semana Corea del Sur, la sexta que realiza en tres años y que precede a la presentación de su próximo informe ante la Asamblea General de la ONU en octubre, y recordó una vez más la necesidad de que los abusos cometidos por Pionyang no queden en segundo plano en el marco del actual diálogo. 

"Pese al progreso y las posibilidad que plantea el proceso de desnuclearización, la situación de los derechos humanos en Corea del Norte sigue suponiendo una gran preocupación", afirmó el abogado argentino.

Durante su visita instó a las autoridades surcoreanas a exponer a Pionyang los problemas sobre derechos humanos en el marco de las actuales conversaciones y a su vez celebró la reciente decisión de Seúl de donar ayuda humanitaria y alimentaria para su vecino del norte, que encara una aparente escasez de comida este verano.

También se reunión con institutos de investigación y organizaciones de activistas que compartieron datos sobre las ejecuciones públicas que suele llevar a cabo el régimen o sobre los "kwanliso", las infames colonias penales para presos políticos. 

"Por desgracia no hay información precisa y actualizada sobre la situación dentro de los 'kwanliso'", explicó Ojea, que consideró imprescindible que la comunidad internacional pueda tener acceso a la misma para conocer en qué estado se encuentran las decenas de miles de norcoreanos que se estima que están internados en estos campos de la muerte.

Al entrevistarse en Corea del Sur con varias personas que desertaron recientemente, el relator subrayó nuevamente las duras condiciones, sumadas al "control opresivo" del régimen, a las que se enfrentan cada día la inmensa mayoría de norcoreanos y que empujan a muchos a huir del país en busca de una vida mejor.

Al ser entrevistada, una desertora resumió así su vida diaria en Corea del Norte: "sin libertad, sin raciones, sin (poder participar en) actividades comerciales, con vigilancia y riesgo de ser castigado, sin felicidad para nadie en las zonas agrícolas". 

Ojea mostró a los periodistas un viejo candado que un niño norcoreano que acababa de desertar le regaló "como símbolo de la necesidad de abrir el país". 

El niño, dijo, le expresó su "deseo de que la ONU encontrara la llave para abrir el candado". 

"Pero la llave no es solo cosa de la ONU. Está también en manos de otras partes interesadas como los Gobiernos de Corea del Sur o EE.UU., y especialmente del Gobierno de Corea del Norte", afirmó rotundo el relator, al que Pionyang sigue sin conceder acceso a su territorio para poder conocer de primera mano la situación en el país. 

El aparente incremento de la detenciones en China de desertores norcoreanos, a los que Pekín repatría cuando los encuentra en su territorio por considerarlos "migrantes económicos", también ocupó parte de su intervención hoy.

Ojea instó una vez más al Gobierno chino a ser transparente y a no devolver a los desertores a su país, donde encaran graves torturas.

También volvió a ser crítico con el programa de sanciones -muy endurecido desde 2016- impuestas al régimen por sus pruebas de armas de destrucción masiva debido a que no han ayudado a evitar que Pionyang desarrolle un arsenal y a que "tienen un impacto perjudicial en las vidas de los norcoreanos".

En ese sentido, consideró que la imposibilidad de reabrir actualmente el complejo industrial intercoreano de Kaseong "es el perfecto ejemplo" de esta situación.

Al hablar con empresarios surcoreanos que operaban maquiladoras en el polígono, éstos le contaron que para los 55.000 norcoreanos, la mayoría agricultores, que trabajaban en Kaesong, el cierre del parque industrial, en 2016, ha supuesto "un infierno para ellos".

"Se quejan de haber perdido un empleo decente y el acceso a comida y agua y aseos en condiciones, cosas que ayudaban a mejorar su vida", contó Ojea, que defendió la necesidad de que el Consejo de Seguridad de la ONU, que aprobó las sanciones, permita la cooperación económica con Corea del Norte para ayudar así a sus empobrecidos ciudadanos. 

EFE